La Generalitat de Cataluña afirmó este martes, por boca de su portavoz, Patricia Plajá, que "trabaja para que haya un referéndum acordado", un extremo que el Gobierno negó categóricamente por considerarlo "inconstitucional". Plaja señaló que el Govern catalán considera "positivo" que un partido (en este caso, ERC) haga una propuesta sobre la organización de un referéndum de independencia, una posibilidad que ha vuelto a salir a la palestra a raíz de la reforma de los delitos de malversación y de sedición, que este martes pasó un nuevo trámite para que mañana se vote en el Congreso.
El planteamiento de ERC, que ya el lunes avanzó su pretensión de poner en marcha un referéndum en el que votara al menos el 50% de la población y que necesitaría al menos un 55% de apoyos para obtener la independencia, fue negado el martes, como el pasaje bíblico, tres veces por el PSOE. El primero en distanciarse fue el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien dijo que no habrá consulta "ni pactada ni unilateral". Más tarde, el portavoz parlamentario de los socialistas, Patxi López, manifestó "radicalmente" que, "cuando alguien pida un referéndum, pondremos encima de la mesa la Constitución". Tras el Consejo de Ministros, la portavoz, Isabel Rodríguez, reiteró que "no se va a celebrar ningún referéndum en nuestro país".
Unas declaraciones que no ven creíbles desde el principal partido de la oposición, pero tampoco desde el propio ERC, socio parlamentario del Gobierno. Según la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, "que el Gobierno lo niegue no tiene credibilidad porque lo ha negado todo y luego lo ha hecho", en referencia a los indultados por el procés o a la supresión del delito de sedición. La portavoz del Govern catalán se manifestó en términos similares: "Estamos muy acostumbrados a que el Gobierno diga siempre no en un principio".
La reivindicación de ERC es incómoda para el Ejecutivo. Según recuerda una ministra, los republicanos llevan años pidiéndolo y no es una situación nueva. Eso sí, otra cosa es que lo hagan justo el día en el que pactan con el Gobierno la reforma de la malversación, que incluye una sensible rebaja de penas de la que se podrían beneficiar los líderes del procés, a los que ya se indultó y que también se verán beneficiados por la supresión de la sedición, que será una realidad antes de final de año.
Es por ello por lo que el Gobierno quiere poner el foco en lo realizado y en lo conseguido. "Estamos tomando decisiones pensando en la recuperación de la concordia y la convivencia", dijo la ministra portavoz, que presumió de "haber avanzado mucho" desde la Cataluña de 2017.
En el otro lado del tablero se sitúa ERC que, presionado por la cercanía de las municipales y tras expulsar de su Ejecutivo a la formación de Carles Puigdemont, tampoco tiene claro cómo plantear la posibilidad de organizar un nuevo referéndum unilateral -e ilegal- de independencia. El líder del partido, Oriol Junqueras, calificó ayer como "democrática" la vía unilateral, solo unos minutos antes de que su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, asegurase que ERC no puede concretar la fecha en la que se celebraría porque "es una solución multilateral" que depende de "un montón de actores políticos".
La reforma del Código Penal, lista
La reforma de los delitos de sedición y malversación ya está en la rampa de salida para ser aprobada por el Congreso y pasar al Senado para recibir la sanción definitiva. La Comisión de Justicia de la Cámara Baja dio luz verde al texto que se someterá a votación el jueves en el Pleno, solo un día después de que PSOE y ERC pactaran añadir a la reforma de la sedición la rebaja de penas en la malversación, distinguiendo en ella tres tipos delictivos en la administración ilícita de dinero público y diferenciando entre los casos en los que haya ánimo de lucro personal y los que no.
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